domingo, 8 de junio de 2008

Capítulo V | Democratización


... que es posible democratizar más – o radicalizar – la democracia, haciéndola más participativa (desde que existe la democracia representativa, considerada liberal);
“No hay cosa más radical que insistir en la articulación de métodos democráticos que sirvan como medios para efectuar cambios sociales radicales”. (John Dewey, 1937)

Radicalizar (en el sentido de democratizar) la democracia es materializarla en el sentido “fuerte” del concepto. En este sentido, la democracia debe ser tomada como el valor principal de la vida pública y todo – cualquier evento, cualquier propuesta – debe ser evaluado, medido y pesado, desde el punto de vista de la democracia. Ante de cualquier situación política, los demócratas siempre deben comenzar haciéndose la siguiente pregunta: ¿eso ayuda u obstaculiza el avance del proceso de democratización de la sociedad? El problema aquí es saber qué es lo que ayuda y qué es lo que entorpece el proceso de democratización de la sociedad. Para eso, antes que nada, es preciso ver si la propia política está siendo democratizada. Sólo una política democratizante puede contribuir a democratizar la sociedad. Enseguida es preciso conferir de qué modo el evento o propuesta en cuestión contribuye para reforzar o inhibir aquellas actitudes básicas frente a la historia, del saber y del poder que acompañan el patrón autocrático, por ejemplo, las actitudes míticas, sacerdotales y jerárquicas. Los sistemas sociales de dominación, caracterizados por la prevalencia de actitudes autocráticas ante la política, surgieron y se desarrollaron en consonancia con actitudes míticas ante la historia, sacerdotales ante el saber y jerárquicas ante el poder. Ese es un conocimiento importantísimo.
Sin embargo, sólo es posible democratizar (más, y cada vez más) la democracia mientras exista esa (reconocida imperfecta e insuficiente) democracia formal, con sus instituciones y procedimientos limitados al voto secreto, a las elecciones periódicas, a la alternancia de poder, a los derechos civiles y a la libertad de organización política, finalmente, al llamado Estado de derecho y al imperio de la ley. Es posible, sí, radicalizar la democracia, pero tal posibilidad existe en la exacta medida en que tales instituciones y procedimientos de la democracia liberal que no fueran corrompidos y degradados por la práctica de la política como una ‘continuación de la guerra por otros medios’ (la fórmula “inversa de Clausewitz”).
Nuevamente, es deber de los demócratas actuales reconocer una visión pionera de John Dewey al respeto, razón por la cual se justifica una extensa cita de tramos de su artículo titulado “La democracia es radical” (1937):
“Estados Unidos constituyen una excepción importante a la tesis según la cual, desde un punto de vista histórico, el nacimiento de la democracia respondía al interés de una clase industrial y comercial, aunque sea correcto que, en el proceso de formación de la constitución federal, esa clase hubiera cosechado más frutos de la revolución que aquellos que le correspondieran. No menos correcto es que conforme este grupo fue construyéndose como base del poder económico, se apoderó de cotas crecientes de poder político. Sin embargo es simple y plenamente falso que este país sea meramente una democracia capitalista, ni siquiera en términos políticos. La agitación que en estos momentos vive nuestro país representa algo más que la protesta de una nueva clase – llámese de proletariado o de cualquiera otra forma – contra una autocracia industrial firmemente instalada en el poder. Es más una manifestación del espíritu originario e inmemorial de la nación contra toda fuerza usurpadora y destructiva absolutamente extraña a la democracia. Este país nunca contó con un partido político “liberal” de tipo europeo, aunque durante las últimas campañas el Partido Republicano haya hecho que sus consignas se le parezcan mucho. Es por eso que los ataques que los líderes del partido lanzan sobre el liberalismo, considerándolo como una manifestación más de la amenaza roja, demuestra que, en Estados Unidos, el liberalismo cuenta con un origen, un marco sociocultural y una finalidad distinguidas.
Básicamente, se trata de un intento de poner en práctica las formas democráticas de vida, dándoles todo su sentido y su amplio ámbito de aplicación. Não há nenhuma razão concreta para tentar salvar o termo “liberal”. No hay ninguna razón práctica para intentar salvar el término "liberal". Sin embargo tenemos todas las razones para no permitir que, con las censuras practicadas al liberalismo, se pierdan de vista los métodos y las aspiraciones de la democracia. Ese peligro de eclipsar la democracia no se reduce a una mera cuestión teórica; es una cuestión urgente y práctica...
Defender la bandera del liberalismo en este país, independientemente de lo que el liberalismo llegó a significar en Europa, es tener el valor de insistir en la libertad de creencia, investigación, debate, reunión, educación y todo eso sobre la base de un método de inteligencia pública opuesto a las prácticas coercitivas cuyo ejercicio se defiende en nombre de la libertad fin de todo individuo. No es difícil percibir cierta hipocresía intelectual y una absoluta contradicción moral en el credo de todos aquellos que defienden la necesidad de que determinada clase social ejerza una dictadura, si bien temporal, cosa que también se puede constatar en la postura de los que proclaman que en el actual sistema económico reina la libertad de iniciativa y la igualdad de oportunidades.
No hay contradicción alguna entre la búsqueda de medios liberales y democráticos combinados con la defensa de fines socialmente radicales. Y no sólo no hay contradicción, sino que nada nos induce a pensar que sea posible alcanzar fines sociales radicales por medios que no sean liberales y democráticos. Ni la historia, ni la naturaleza humana, tienen razón alguna en defensa de esa posibilidad. Hay quien piense que los que están en el poder jamás lo abandonarán por motus propio, si no se los fuerza a hacerlo empleando un poder aún mayor, sin embargo esta idea sólo puede ser correctamente aplicada en el caso de los dictadores, los cuales pretenden actuar en nombre de las masas oprimidas, cuando lo correcto es que están haciendo uso del poder contra esas mismas masas. El fin de la democracia es, por sí mismo, de naturaleza radical. Pues se trata de un fin que jamás llegó a ser alcanzado en ningún país y en ninguna época. Es un fin radical por cuanto requiere grandes cambios en las instituciones existentes, en las instituciones sociales, económicas, legales y culturales. Cuando el liberalismo democrático no reconoce esos puntos, ni en la teoría, ni en la acción práctica, deja de ser consciente de su propio significado y de las exigencias que este impone.
Además, no hay cosa más radical que insistir en la articulación de métodos democráticos que sirvan como medios para efectuar cambios sociales radicales. Es así que no hablamos por hablar cuando calificamos de reaccionaria la posición que pretende imponerse por la superioridad de la fuerza física. Pues este es el método del que el mundo viene dependiendo hasta ahora, un método con lo cual el mundo vuelve a armarse para su perpetuación. Es fácil entender por qué los que conviven con las iniquidades y las tragedias cotidianas que caracterizan el actual sistema, por qué los que son conscientes de que, finalmente, contamos ya con los recursos necesarios para implantar un sistema que garantice la seguridad y la igualdad de oportunidades para todos, han de mostrar cierta impaciencia y ansíen acabar con el actual sistema, no importa cual sea el método. Sin embargo la obtención de los fines democráticos no puede divorciarse de la aplicación de los medios democráticos. Tenemos que acunar la esperanza de que el ideal democrático renazca y se cohesione en una amplia movilización. Sin embargo esta causa ya no alcanzará más que victorias parciales si no brotar de una verdadera confianza en nuestra naturaleza humana común y del poder de la acción voluntaria basada en una inteligencia pública y colectiva” (1).
Parece estar claro que no se pueden usar métodos autocráticos para alcanzar fines democráticos, es en contra esa (falsa) alternativa – desde el punto de vista de la democracia – que Dewey se revela. Es más o menos como prepararse para la guerra para alcanzar la paz: es obvio que si alguien se prepara la guerra tendrá más oportunidades de practicar la guerra, en la medida en que se organiza para tal fin; de la misma forma, si alguien se organiza autocraticamente estará “produciendo” autocracia, o sea, menos-democracia y no más-democracia. Apenas comparando, esa historia se asemeja a aquel cuento “caza bobos” difundido por las izquierdas, según el cual, en la transición socialista hacia el comunismo, se trata de reforzar el poder de Estado (como medio) para alcanzar el objetivo de su extinción (como fin) – como si fuera posible para alguien debilitar algo fortaleciéndolo.
Finalmente, la política democrática sólo puede ser democratizada si la hubiere Ante la falta de democracia (en el sentido “débil” del concepto) – es decir, la misma democracia representativa, aquella que se constituye como forma de legitimación de los gobiernos, pero que comprende el Estado de derecho y sus instituciones – no puede haber reproducción de cualquier proceso de innovación, de experimentación de nuevas formas de hacer política que den énfasis a la participación (realizando la democracia en el sentido “fuerte” del concepto). Quién esté en desacuerdo con eso de eso que intente radicalizar la democracia en China, en Corea del Norte, en Cuba o, aún, en Venezuela en los días que corren (y tendrá una exacta noción de lo que significan las expresiones imposibilidad o extrema dificultad).
Por lo tanto, no se puede luchar por una democracia más participativa desentendiéndose de la defensa de la democracia que existe realmente y de las instituciones del Estado de derecho. Y los demócratas no pueden desentenderse de participar de la vida política del país y de la localidad donde viven y de luchar por la democratización del viejo sistema político. La política es una actividad sobre las condiciones presentes. Si no debe mantenerse en esas condiciones (de lo contrario no habría oportunidad de cambio), tampoco se pueden ignorar las circunstancias en que vivimos, escapando del mundo y huyendo para el futuro. Existe un sistema político que funciona apenas (pero funciona) y que es el único que tenemos. Así, se trata de preservar sus elementos democráticos y avanzar en su democratización por todos los medios democráticos disponibles.
Además, los resultados de la democracia representativa, conocida como liberal, no son despreciables. Como señaló Robert Dahl (1998), “sería un error grave pedir demasiado de cualquier gobierno, aún de un gobierno democrático”, a la vez que, según él, “la democracia no puede asegurar que sus ciudadanos sean felices, prósperos, sabios, pacíficos o justos” (mezclando un poco virtudes distintas: ser pacífico, saludable o próspero son virtudes más sociales, podemos así decir, que dependen, en buena parte, del ambiente – de los patrones de convivencia – y que la política es la práctica predominantemente que permitió que se configurase, pero además, en lo que se refiere a la felicidad, sabiduría y sentido de justicia, todo eso también es influenciado por el ambiente sociopolítico). Dahl entonces argumenta que “alcanzar esos fines está mas allá de la capacidad de cualquier gobierno – incluyéndo un gobierno democrático” (2), lo que parece revelar que su apreciación de la democracia (claramente en el sentido “débil” del concepto) está muy conectada al sistema de gobierno y no al proceso de democratización de la sociedad, quiere decir, a la democracia (en el sentido “fuerte” del concepto) en lo cotidiano del ciudadano y en la base de la sociedad.
Pero, en “Sobre la democracia” (1998), Dahl destaca correctamente que:
“En la práctica, la democracia jamás correspondió a sus ideales. Como todas las tentativas anteriores de alcanzar un gobierno más democrático, las democracias modernas también sufren de muchos defectos. A pesar de sus fallos, no debemos perder de vista los beneficios que hacen más deseable a la democracia que a cualquier otra alternativa viable: la democracia ayuda a impedir los gobiernos de autócratas crueles y perversos; la democracia garantiza a los ciudadanos una serie de derechos fundamentales que los sistemas no-democráticos no proporcionan (ni pueden proporcionar); la democracia asegura a los ciudadanos una libertad individual más amplia que cualquier otra alternativa factible; la democracia ayuda a proteger los intereses fundamentales de las personas; sólo un gobierno democrático puede proporcionar la oportunidad máxima para que los individuos ejerciten la libertad de autodeterminación, o sea, que vivan bajo leyes de su propia elección; solamente un gobierno democrático puede proporcionar la oportunidad máxima del ejercicio de la responsabilidad moral; la democracia promueve el desarrollo humano más plenamente que cualquier alternativa factible; sólo un gobierno democrático puede promover un grado relativamente alto de igualdad política; las modernas democracias representativas no luchan entre sí; y los países con gobiernos democráticos tienden a ser más prósperos que los países con gobiernos no-democráticos” (3).
Así como Robert Dahl, otros numerosos teóricos contemporáneos han hecho un esfuerzo considerable para mostrar que –a pesar de todas sus imperfecciones - la democracia es una forma admirable de la regulación de los conflictos, a menudo se extienden esos elogios a las actuales instituciones políticas. Tal vez haya alguna confusión entre las virtudes de la democracia ideal y la democracia realmente existente, como si solamente por medio de las instituciones que tenemos – cuyos defectos deberíamos aceptar como una especie de etapa de aprendizaje en el proceso de democratización, más o menos en la línea de “es mejor eso que nada” – la democracia pudiera ir materializándose.
Parece haber aquí una historización indebida de una realidad política, basada en la presuposición – muchas veces no declarada – de que solamente así la democracia puede materializarse, quiere decir, por medio de un avance progresivo, en que el perfeccionamiento de las instituciones que materializan el ideal de libertad como autonomía (para usar una expresión de Rousseau) debe ser mirado siempre con mucho optimismo, siendo nuestro deber, casi un imperativo, perdonarles las heridas. Para corroborar esa actitud, en general se atribuye a Churchill la frase “La democracia es la peor forma de gobierno, excepto todas las demás formas que se hayan ensayado” (4).
Sin embargo, al proceder así, acabamos también reforzando algunos formatos históricos (las “reglas transitorias” que mencionamos en el capítulo r) reglas) que tienen poco que ver con la invención democrática. Ahora, la democracia no surgió por fuerza de ningún tipo de maduración histórica: fue pura invención, resultado de un acto voluntario y gratuito de la colectividad que descubrió – ¡váyase a saber cómo! – una manera de abrir una brecha en los sistemas autocráticos que vigentes hasta entonces. Después de la invención de los griegos – durante casi dos milenios – no hubo ningún adelanto histórico en la democracia que la ellos inventaron; por el contrario, hubo fuerte una regresión, que se desarrolló ampliamente hasta la reinvención democrática de los modernos. Ahora, sin embargo, se trata de cuestionar la democracia realmente existente, mostrando que los seres humanos pueden producir más que eso y poden, inclusive, cambiar las formas institucionales por las cuáles aún se establecen los regímenes democráticos en la actualidad.
Por otro lado, esa tentativa reiterada de intentar salvar del incendio las viejas y fallidas instituciones políticas tal vez se explique, por lo menos en parte, por la justa reacción de los demócratas, que se posicionaron en la defensa de las instituciones representativas (a pesar de sus múltiples defectos) delante de la actual embestida de ideales autocráticos disfrazadas de más-democráticas por cuanto se declaran favorables a la radicalización – en el sentido de democratización – de la democracia.
Con efecto, la cuestión de la democratización – o radicalización – de la democracia viene siendo enfocada de varias maneras los últimos años. Aunque, como venimos, la idea ya había sido presentada en la década de 1930 por el filósofo John Dewey, han prevalecido últimamente lecturas de teóricos oriundos de la tradición marxista (que, dígase lo que se quiera decir, nunca se dio muy bien, ni con el concepto, ni con la práctica de la democracia). Eso ha comprometido el desarrollo de alternativas de cambio de la política basadas en la democratización de la democracia.
Ya existe hoy una densa literatura sobre la radicalización de la democracia. Además de los herederos de la tradición no-democrática – a la cual, de hecho, no renunciaron – que intentan dar una vuelta de tuerca al tema, para dar un nuevo ropaje a las sus diatribas contra el neoliberalismo y la democracia burguesa, existe gente seria trabajando en este asunto (5).
Después de los griegos, tal vez todo (re)comience con Johannes Althusius (1577-1638), un importante teórico alemán que, en el libro “Política” (1603), presentó por primera vez una teoría amplia del federalismo (del latín foedus, convención), enraizada en el concepto de asociación simbiótica y en la idea del consenso. Como resaltó el profesor Daniel Elazar (2003), en el prefacio de la edición del libro publicado por el Liberty Fund, la “Política” de Althusius fue el primer libro en exponer una teoría amplia del republicanismo federal fundamentada en una visión consensuada de la sociedad humana... El libro presenta una teoría para la construcción de la forma de gobierno con base en una asociación política establecida por sus ciudadanos, a partir de asociaciones primarias entre ellos, basada en el consentimiento y no en la materialización del Estado e impuesto por un mandante o una élite” (6).
Según Althusius, “la política es el arte de unir a los hombres entre sí para establecer la vida social común, cultivarla y conservarla” (7). Juntamente con Spinoza (1670), que en su “Tratado teológico-político” intentó demostrar “que en un Estado libre se permite que cada uno piense lo que quiera y diga lo que piensa” – estableciendo que el fin de la política es la libertad (y no el orden, como había afirmado Hobbes en 1651) – Johannes Althusius puede ser considerado uno de los principales pensadores que prepararon la reinvención democrática de los modernos.
Sobre la “Política”, Elazar hace una observación importantísima: “en la lucha por la dirección que debería tomar en la construcción de los estados europeos en el siglo XXVII, la visión de Althusius, que propugnaba una construcción con base en los principios federales – como asociaciones políticas compuestas –, perdió, para la visión de [Jean] Bodin [“Los Seis Libros de la Nación (o de la República, o del Estado, o de la Commonweale finalmente)”, en 1576] y de los estatistas, que disputaban la materialización de Estados centralizados donde todos los poderes se concentraran en las manos de un rey coronado por la voluntad divina y que estuviera colocado al tope de la pirámide del poder o en un centro soberano. Aunque el pensamiento de Althusius haya contado con la divulgación de portavoces hasta fines de aquel siglo, después de eso desapareció de la principal corriente de la filosofía política. Restó a los americanos la invención del federalismo moderno con base en el individualismo y, así, la reitroducción de la idea del Estado como asociación política, en vez del Estado materializado – un producto listo y acabado – para lo cual se supone la existencia independiente del pueblo que lo constituye” (8).
Aunque, en términos científicos, no sea adecuado hacer ese tipo de “reingeniería” del pasado, especulando con la historia, en términos heurísticos tal vez sea útil suponer que si Althusius hubiera prevalecido en el lugar de Bodin, la política habría tomado otro camino en la modernidad y no estaríamos todavía aprisionados en la estimulante disyuntiva autocracia x democracia liberal.
El fondo de la cuestión – como sostiene Frederick Carney (2003), el traductor de la versión americana de la obra de Althusius – es saber donde reside la soberanía de la comunidad: “Jean Bodin, a quién Althusius debe muchas de las características de su sistema político, la atribuye al mandante. Althusius discuerda. Su posición... es que la soberanía es la vida simbiótica de la comunidad que toma forma en el ius regni, o en el derecho fundamental, o ley del reino... Por lo tanto, la soberanía reside en el cuerpo organizado de la comunidad, o sea, en los procesos simbióticos de ella” (9).
Esa idea de que la fuente de la soberanía no es ni el mandante, ni el individuo, pero que fluye de la comunicación (en el sentido de reparto o comunión) que ocurre en la comunidad, tal vez pueda constituir el principal fundamento para una nueva política que ahora comienza a surgir con la emergencia de las redes sociales. La nueva política democrática como modo de regulación (el “metabolismo”, la dinámica) compatible con la forma de organización, o mejor, con la topología distribuida (el “cuerpo”, la estructura) de las redes sociales, tiene a ver con esa noción de simbiosis de Althusius (para lo cual “el fundamento de toda asociación, sea privada o pública, es la vida simbiótica”, alterando radicalmente la comprensión, introducida por la ley medieval romana, de las diferencias entre lo público y lo privado). Ese último aspecto es vital para la reconstrucción de una nueva teoría del público adecuada la una visión radicalmente democrática. El público nace de la asociación, que depende del continuo consentimiento de los simbióticos o miembros, tiene génesis y se mantiene por medio de una convención (foedus, pactum) entre esos miembros (los simbióticos). Tal vez se puedan oír aquí los ecos, en el pasado, de la concepción de público intentada por John Dewey a finales de la década de 1920 (10).
Una lectura selectiva – hecha con obsesión– del primer capítulo del “Politica” de Althusius, titulado “De las Acepciones Generales de la Política” (en su edición de 1614, traducida para el inglés por Carney), puede dar una idea del fundamento que toma para la construcción de su teoría política:
“La política – escribe Althusius – es el arte de reunir los hombres para establecer una vida social común, cultivarla y conservarla. Por eso, es llamada de “simbiótica”. El tema de la política es, por lo tanto, la asociación (consociatio), en la cual los simbióticos [siymbiotici: aquellos que viven juntos], por intermedio de un pacto explícito o tácito, se obligan entre sí a la comunicación mutua de aquello que es necesario y útil para el ejercicio armónico de la vida social. El fin del hombre político “simbiótico” es la simbiosis santa, justa, provechosa y feliz, y una vida para la cual no falte nada de necesario o de útil. Para vivir esa vida, ningún hombre es autosuficiente o lo suficientemente provisto por la naturaleza... los esfuerzos y la diligencia de muchos hombres son indispensables... Los simbióticos son co-trabajadores que, unidos por la asociación y con vínculo de pacto, se comunican entre ellos aquello que es conveniente para una vida confortable de cuerpo y alma. En otras palabras, ellos son los participantes o compañeros de una vida en común. La comunicación mutua, o contrato común, involucra (1) bienes, (2) servicios y (3) derechos comunes (juramentos) por los cuáles las numerosas y varias necesidades de cada uno y de cada simbiosis se satisfacen, la auto-suficiencia y el mutualismo de la vida y de la sociedad humana se logran y la vida social se establece y de mantiene... Claramente, por su naturaleza gregaria, el hombre nació para cultivar la sociedad con los otros hombres, no para vivir solitario... Y así nació [con] la imposición de la comunicación de lo que es necesario y útil, lo que sólo puede ocurrir en la vida social y política... [pero] las causas eficientes de la asociación política son el consentimiento y el pacto entre los ciudadanos que se comunican.... La materia prima de la política son los preceptos de la comunicación para aquellos bienes, servicios y derechos que establecemos, cada uno justa y apropiadamente de acuerdo con sus posibilidades, para la simbiosis y el beneficio común de la vida social... Se dice que ningún hombre es capaz de, por sí sólo, vivir bien y con felicidad. La necesidad, por lo tanto, induce a la asociación; y la búsqueda de las cosas necesarias a la vida, que se adquieren y se comunican con la ayuda y la asistencia de asociados, la conserva. Por tal razón, es evidente que la comunidad, o asociación civil, existe por naturaleza, y que el hombre es, también por naturaleza, un animal civil que busca ávidamente de asociación” (11).
Elazar sugiere algunas líneas de investigación para rescatar aquellas bases del pensamiento de Althusius que serían capaces de fundamentar una política post-moderna; entre ellas: a) la idea del pactum (convención) como la única base para la organización política legítima (para Althusius, “la política, como tal, es completamente federal, que se basa en la unión y la comunicación, expresando la idea de simbiosis entre sus miembros... [en que] el reparto [es] su principio guía. La forma de gobierno, por lo tanto, es una asociación simbiótica concretizada por los cambios de comunicación”); b) la idea de soberanía atribuida al pueblo (“que hace de la buena forma de gobierno o de res publica o comunidad... un consociatio consociatiorum, compuesta de una universitas collegia”), en contraposición a la idea de Jean Bodin de soberanía indivisible, monolítica, atribuida al gobernante (el mandante autocrático) y abriendo un camino – añadimos aquí – tal vez un poco diferente de aquel que sería trillado por el federalismo americano 175 años después; c) la idea de piedad y justicia como cimientos necesarios para la sociedad civil, lo que tal vez pueda evocar la comprensión actual de que algún grado de capital social inicial (o de cooperativismo sistemático) sea necesario para el ejercicio de una política basada en la simbiosis; d) las raíces de la idea de una democracia más ampliada (“Althusius propone diferentes formas y alcances de participación en las diversas arenas del gobierno como posible modo de extender la participación a la vida pública de grupos hasta entonces privados de derechos civiles [como las mujeres, e. g.] y privilegios...)”; y) la idea de conexión simultánea y de división entre los dominios público y privado (alejándose de las “nociones clásicas de una polís que todo abarca para admitir la legitimidad en la esfera de la actividad privada que es constitucional por derecho, evitando entonces el totalitarismo”; sobre eso Elazar añade, con argucia, que “una de las ventajas de la época moderna fue la posibilidad de separar con más claridad las esferas públicas de las privadas, porque se trató de un periodo que fomentó una progresiva separación entre ellas. Eso ya no es más el caso, una vez en las tecnologías de las comunicaciones post-modernas se requiere más intercambios althusianas; lo que quiere decir que, como todo influencia todo, más distribución se hace necesaria”); y f) por último, la idea de Althusius de lo político como ámbito comunicativo creado ex parte populis (y su definición de política “como la ordenación efectiva de la comunicación (de bienes, servicios y derechos) [que] nos ofrece un punto de partida para el entendimiento de los fenómenos políticos englobados por la ciencia política contemporánea”) (11).
El trabajo sugerido por Elazar, por lo que se sasbe, aún está por hacerse. Pero no deja de ser asombroso verificar cómo una concepción tan innovadora pueda haber pasado desapercibida por los contemporáneos y por los posteriores a Johannes Althusius. Más asombroso aún es constatar cómo todo eso continúa siendo ignorado en el actual debate sobre la radicalización o democratización de la democracia.
La política althusiana como consociatio – y no como disputatio –, constituye un fundamento para la radicalización de la democracia entendida como camino en dirección la una democracia cooperativa: si el movimiento primordial de la política es asociarse al otro (tomándolo como posible compañero simbiótico) y no combatirlo o provenirse de él (como si fuera un potencial enemigo), entonces, en términos políticos, es la cooperación – y no la competición – que funda lo social. Ese, por lo tanto, puede ser un fundamento para la democracia cooperativa.
Por eso es que afirmamos que tal vez sea posible establecer – ex post, evidentemente – una línea coherente de pensamiento que conecte ese fundamento althusiano a las bases deweyanas y a las presuposiciónones maturanianas de la democracia cooperativa, como veremos en el Epílogo de este libro.
De cualquier modo, la obra más importante para reconstruir un pensamiento democrático radical maltrecho por las herencias y adherencias autocráticas de la tradición marxista, parece que sea el de John Dewey (1859-1952), no sin razón llamado el filósofo “de América”. Su idea de que los medios y los fines de la democracia son ineludiblemente inseparables, bastaría para desmontar buena parte de lo que se anda escribiendo hoy sobre la radicalización de la democracia con el objetivo de legitimar esquemas de poder, supuestamente populares, constituidos en contra de la democracia “de las élites”.
Hay un gran trabajo por delante. Los demócratas no deben renunciar a la tarea de, por un lado, mantener la defensa de las instituciones democráticas representativas y formales (de la democracia real) contra los ataques de los que quieren degradarla y, por otro lado, y al mismo tiempo, no deben soltarle la mano a la idea de construir una concepción de democracia radical como democracia política sin embargo basada en el ciudadano común, en su vida comunitaria – como, de hecho, quería Dewey.
Al establecer una línea coherente de pensamiento que conecte esa democracia deweyana a los fundamentos althusianos no se debe, sin embargo, caerse en la confusión entre libertad política y igualitarismo social (y aquí es Hannah Arendt quien nos viene a socorrer) y, sobre todo, no se debe sucumbir a la tentación, siempre presente, de subordinar la primera a la segunda.
Todas las ideas perversas de democracia que el pensamiento autoritario viene infundiendo y difundiendo son expresiones de esa subordinación. Por ejemplo, las ideas – ya analizadas en los capítulos precedentes de este libro – de que “democracia es hacer la voluntad del pueblo”, de que “los votos de la mayoría de la población están por encima de las decisiones de las instituciones democráticas cuando tales instituciones representan sólo las minorías”, de que “un gran líder identificado con el pueblo puede hacer más que las instituciones llenas de políticos controlados por las élites”, de que “no es un avance tener democracia si el pueblo pasa hambre” o de que “no es un avance tener democracia política si no es reducida la desigualdad social”.
En otras palabras, la crítica al viejo sistema político no debe abandonar la defensa de las instituciones representativas ante el actual regurgitamiento de ideas, manifiestas “de izquierda”, asociadas al populismo en sus diversas formas – remanentes o reflorescentes como un neopopulismo que parasita la democracia –, sobretodo en América Latina en estos años iniciales del siglo XXI, que vuelven a cuestionar la democracia burguesa clamando por una democracia más directa y participativa, pero entendiendo por eso la sustitución del sistema representativo legal por un sistema representativo informal, falsamente llamado de participativo pero, en la verdad, basado siempre en las disputas por los votos, asambleísta, adversarial, cercado por corporativismos y contaminado por la idea de conquista de hegemonía, en la base al “arte de la guerra” aún, si bien ahora – por falta de condiciones objetivas y subjetivas, nacionales e internacionales – se trata de una ‘guerra de posición’.
La llamada democracia deliberativa o participativa, tan divulgada por teóricos contemporáneos herederos de la tradición marxista, es – como regla – una democracia de baja intensidad, con alto grado de antagonismo, aniquiladora de la cooperación y de la confianza social (eg., de capital social), quiere decir, bloqueadora de la red social, cuando no asociada la nuevas formas de bandidismo (como el bandidismo de Estado) y de corrupción “altruista”, o sea, practicada en nombre de un ideal generoso y de una causa colectiva, pero justificándose en el respeto por la legalidad, por el Estado de derecho y, finalmente, por la propia democracia (burguesa), que se caracterizó, en el pasado, por estrategias de destrucción por la fuerza de las instituciones vigentes. Por estos días, en algunos países, tal desacato de la legalidad se mantuvo prácticamente intacto, sin embargo intercambiando la violencia revolucionaria (inviable en naciones complejas en las actuales condiciones del mundo occidental) por tal corrupción partidaria (esa sí fácilmente practicable, sobre todo cuando consigue mimetizar las formas de corrupción ya presentes endémicamente en la política tradicional).
Con efecto, viene floreciendo en los últimos años una literatura teórico-ideológica propagandística – y, por lo tanto, no muy confiable – sobre la democratización de la democracia, entendida esa expresión en el sentido de la introducción de formas de democracia participativa que, supuestamente, compondrían una fuerza contra-hegemónica a un “elitismo democrático” o la una imaginada “concepción hegemónica de la democracia como práctica restringida en la legitimación de los gobiernos”, como argumentan, por ejemplo, Leonardo Avritzer y Boaventura de Souza Santos (2002).Según esos autores, se trataba de iniciar una especie de nuevo movimiento social – apoyado por Estados que resuelven “abandonar prerrogativas de decisión en favor de instancias participativas” (léase: gobiernos de izquierda) – y articulado globalmente (posiblemente por articulaciones como el Foro Social Mundial), para constituir una fuerza contra-hegemónica que se oponga a la democracia “representativa elitista, [que] propone extender al resto del mundo el modelo de democracia liberal-representativa vigente en las sociedades del hemisferio norte, ignorando las experiencias y las discusiones originarias de los países del Sur en el debate sobre la democracia” (12).
Parece obvio que los que así argumentan aún están impregnados por una visión política heredera de la tradición autoritaria del pensamiento marxista, en su vertiente gramsciana, trabajando – como ellos propios declaran – con “el concepto de hegemonía como la capacidad económica, política, moral e intelectual de establecer una dirección dominante en la forma de abordaje de una determinada cuestión, en el caso la cuestión de la democracia” (13).
Se trata de una variante de la vieja visión – en el fondo, antidemocrática – que oponía una (imaginaria y, por lo tanto, inexistente) “democracia socialista” a la democracia “burguesa”, llamada ahora de democracia “elitista”. “En el caso del debate actual sobre la democracia eso implica [trabajar con] una concepción hegemónica y una concepción contra-hegemónica de democracia” – escriben los autores Avritzer y Santos, en una nota al pié del artículo “Para ampliar el cânone democrático” (recomendando al final: “Para el concepto de hegemonía de Gramsci”) (14). No es preciso decir nada más.
Como se puede percibir sin gran esfuerzo, nada de eso llevará a una nueva política democrática. Por el contrario. Democracias con alto grado de antagonismo, instrumentalizadas para servir de arena para embates ideológicos, en que la política es corrompida – y en alto grado – como “arte de la guerra”, no pueden ser consideradas como democracias radicales, ni aún, en rigor, como democracias. No hay una sólo experiencia en el mundo de florecimiento de procesos democráticos, libres y abiertos, positivos y creativos, que hayan sido inspirados por ideas como esas. Sin embargo, en todos los lugares donde se intentó ensayar tal concepción, a pretexto de sustituir o combatir una visión liberal de democracia, lo que venimos fue restricción a la libertad, privatización partidaria de la esfera pública e instalación de regímenes protodictatoriales, cuando no gobiernos dirigidos por líderes manipuladores que practican corrupción a alta escala (corrupción de Estado).
La visión liberal de democracia (en el sentido deweyano del término) no está al servicio de la dominación de las élites (expresión que ahora ocupa el lugar de la antigua burguesía). Y no se puede, en base a la idea de promover una lucha de clase a las élites, combatir también los mecanismos democráticos de las democracias que conocemos (que, de paso, son las únicas que existen, por lo menos como regímenes de gobierno) para colocar en su lugar mecanismos que son autocratizantes de la política. El sistema representativo, el Estado de derecho y las instituciones no pueden ser corrompidas y degenerados en nombre del combate a las élites neoliberales.
Ese combate ideologizado a las élites acaba justificando el sacrificio de los dispositivos representativos en nombre de supuestos dispositivos participativos (que, en la verdad, no lo son). Además, el gran enfrentamiento que atravesó en los últimos milenios fue lo que se dio (y continúa siendo) entre las tendencias de autocratización y de democratización de la política y no entre las supuestas democracia liberal (de las élites) y una democracia participativa (del pueblo).
Todo indica que una nueva política democrática debe asentarse sobre otras bases. Y que, sin transformar el “arte de la guerra” en el “arte de la política” (democrática), no puede haber ningún tipo de radicalización (en el sentido de democratización) de la democracia.
El problema de los ideólogos de la visión contra-hegemónica de la democracia participativa, contra la visión – supuestamente hegemónica – de democracia representativa de las élites, es la pobreza de sus propuestas. Ellos no avanzan en nada en términos de lo que constituiría esa nueva democracia, de cuáles serían sus presupuestos y fundamentos y de cuáles serían sus reglas. Y no avanzan en nada de eso simplemente porque no poden. Porque, digan lo que digan para vestir sus ideas anacrónicas con una ropaje actual, continúan gravitando en torno a la realpolitik, y de un realismo exacerbado por cuanto se trata aquí de destruir el enemigo de clase.
Aprisionados en este esquema amigo x enemigo, temen cualquier cosa que pueda parecer colaboracionismo con aquellos que deben ser destruidos. Por eso es por lo que muchos de ellos, no sólo reconociendo el conflicto (lo que sería correcto), pero –además de eso – adorando el conflicto (lo que ya es síntoma de una sociopatia), desconfían tanto de la idea de consenso. Con certeza porque no pueden aceptar la idea de cooperación, que desintegraría su esquema. Pero ese es el punto: la cooperación es, exactamente, el único fundamento capaz de permitir la construcción de una política democrática (en el sentido “fuerte” del concepto).
No es posible radicalizar la democracia en las autocracias. Eso es más o menos obvio. Lo que la presente reflexión puede añadir – y que está lejos de ser obvio – es que la política corrompida como “arte de la guerra” o como ‘continuación de la guerra por otros medios’ (la fórmula inversa de Clausewitz), a partir de cierto grado, también impide o dificulta al extremo a la democratización de la democracia (que es función directa, vamos a decir así, del grado de cooperatividad de la democracia o, inversamente, de su grado de antagonismo). Radicalizar la democracia es, así, hacerla más cooperativa o menos adversarial, como veremos en el próximo capítulo.

Indicaciones de lectura

Sobre la democracia liberal y las concepciones radicales de democracia es importante leer, “para variar”, John Dewey – todos sus escritos políticos, pero en especial “La democracia es radical” (1937) – y Hannah Arendt, sobre todo “Que es Libertad” (1954) y Sobre “la Revolución” (1963), así como John Ralwls: “El Liberalismo Político” (1993). También es necesario leer a Bobbio: “El futuro de la democracia: una defensa de las reglas del juego” (1984). Y, por último, Robert Dahl: “Sobre la democracia” (1998).
Para conocer un poco de lo que está siendo discutido últimamente bajo el título vaporoso de democracia ‘deliberativa’, vale la pena considerar (además de Dewey, que permanece intencionalmente ignorado por la mayoría de los nuevos ‘teóricos de la democracia no-convertidos a la democracia’): Gutman: Liberal Equality (1980) e Democratic Education (1987); Barber: Strong democracy: participatory politics for a New Age (1984); Burnheim: Is democracy possible? The alternative to electoral politics (1985); Fishkin: Democracy and deliberation (1991) y The voice of the people: public opinion and democracy (1997); Sunstein: The Partial Constitution (1993); Andrew Arato & Jean Cohen: Civil Society and Political Theory (1994); Hirst: Associative Democracy: new forms of social and economic governance (1994); Jürgen Habermas: Between Facts and Norms: Contributions to la Discourse Theory of Law and Democracy (1996); Bohman: Public Deliberation (1996); Budge: The new challenge of direct democracy (1996); Nino: The Constitution of Deliberative Democracy (1996); Chantal Mouffe: The return of the Political (1993) y The Democratic Paradox (2000); Walzer: On toleration (1997) y Joshua Cohen: Procedure and Substance in Deliberative Democracy (1996) y “Democracy and Liberty” (1998).

Notas

(1) Cf. Dewey, John (1937). “Democracy is Radical” in The Essential Dewey: Vol. 1 – Pragmatism, Education, Democracy. Indianapolis: Indiana University Press, 1998.
(2) Dahl, Robert (1998). Sobre la democracia. Brasilia: Editora Universidad de Brasilia, 2001.
(3) Ídem.
(4) La frase original, de donde salió la cita arriba, mil veces repetida y modificada, tal vez sea la siguiente: “Nadie pretende que la democracia sea perfecta o sin defecto. Se dice que la democracia es la peor forma de gobierno, salvo todas las otras formas que han sido experimentadas de tiempo en tiempo” (o, de forma más resumida: “Democracy is the worst form of government, except for all those other forms that have been tried from time to time”). La frase fue pronunciada en un discurso proferido en 11 de noviembre de 1947 en la Casa de los Comunes.
(5) Por ejemplo, la mayoría de los incluidos en la colección de Elster, Jon (1998). Deliberative democracy. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. Y los citados en las indicaciones de lectura de arriba, como Jürgen Habermas; Andrew Arato y Jean Cohen; Joshua Cohen; y Chantal Mouffe. Ninguno de esos, sin embargo, aborda la cuestión del punto de vista de la democracia cooperativa, como se hace aquí o como tentativa de Axel Honneth (1998) en “Democracia como cooperación reflexiva. John Dewey y la teoría democrática hoy”.
(6) Cf. Althusius, Johannes (1603). Política. Liberty Fund (2003). Río de Janeiro: Topbooks, s./d.
(7) Ídem.
(8) Apud Prefacio a lo Política de Althusius; ed. cit.
(9) Ídem.
(10) Cf. Dewey, John (1927). The Public and its Problems. Chicago: Gataway Books, 1946 (existe edición en español: La opinión pública y sus problemas. Madrid: Morata, 2004)
(11) Cf. Althusius, Johannes; ed. cit.
(12) Santos, Boaventura de Sousa (org.) (2002). Democratizar la democracia: los caminos de la democracia participativa. Río de Janeiro: Civilización Brasileña, 2002. (13) Ídem.
(14) Ídem-ídem.

viernes, 6 de junio de 2008

Capítulo S | Centralización

... que todo centralismo es autocrático;

La democratización está co-implicada en el aumento de la distribución de las redes sociales.

Con excepción de la obligación de obediencia a las leyes democráticamente aprobadas, cualquier tipo de centralismo, o sea, de exigencia incondicional de obediencia a la voluntad del jefe o de un comando colegiado, aunque sea a voluntad de una instancia electa, introduce un mecanismo autocrático, aún cuando se refiera a cuestiones decididas por amplia mayoría. La decisiones democráticas deben ser acatadas por aquellos que acuerdan con ellas o que, aún en desacuerdo con su contenido o con su forma, admiten, sin embargo, la necesidad de acatarlas en función de valores y objetivos que estiman estar en juego, cabiendo al proceso democrático enseñar la posibilidad de convencimiento o de generación de decisiones lo más consensuales posibles. Así, ninguna organización política de adhesión voluntaria que imponga, por ejemplo, fidelidad a sus miembros mediante sanción o amenaza del uso de una sanción puede ser democrática (en el sentido “fuerte” del concepto), ya que fidelidad, en la política como en cualquiera otro campo de la actividad humana, sólo es efectiva si fuera conquistada y consentida, jamás impuesta. Vía de la regla lo que está en juego aquí no es el fortalecimiento de la democracia, y sí el fortalecimiento del poder (autocrático) de los jefes.
La centralización (como topología de la red social), sin embargo, va más allá del centralismo (como procedimiento político). Tal vez aquí hayamos llegado al centro de la cuestión: la democratización es una horizontalización – en el sentido topológico de distribución – de las relaciones, mientras que la centralización (tanto la monocentralización, cuanto la descentralización, que en la verdad es una multicentralización) es una autocratización. En otras palabras, hay una relación intrínseca entre la forma (social) de conexión y el modo (político) de regulación de conflictos.
Aunque la llamada ciencia política todavía no ha tenido en cuenta la existencia de este vínculo connotativo entre la red social y democracia (en el sentido “fuerte” del concepto), la democratización está co-implicada en el aumento de la distribución de las redes sociales (y no en la apuesta en el patrón organizativo centralizado o multicentralizado de la mayoría de las instituciones políticas, públicas y privadas, como los partidos y los llamados movimientos sociales, las corporaciones, los sindicatos, las asociaciones u otras formas tradicionales de agremiación), lo que significa enfocar y valorar al ciudadano desorganizado y conectado que compone el inmenso colectivo de la sociedad civil.
Para la democracia (en el sentido “fuerte” del concepto) la sociedad civil, trata por lo tanto, de soltarle la mano la repetición des formas organizativas piramidales, verticales, basadas en el flujo comando-ejecución. O sea, en vez de engrosar la vieja burocracia corporativo-partidaria y la nueva burocracia asociativista (de las ONGS, inclusive), apostar a las redes de personas, que se conecten con los 'ciudadanos-desorganizados', unos con los otros, en pro de objetivos comunes, expandiendo una nueva esfera pública no-estatal. Se trata de mostrar, en la práctica, que el ciudadano sí puede, hacer política pública, que la sociedad puede tomar iniciativas colectivas, aumentando su protagonismo y su iniciativa emprendedora.
No hay como garantizar que una red articulada manifestará voluntariamente los mismos fenómenos que son propios de la red social que existe en cualquier sociedad independientemente de nuestros esfuerzos organizativos (sí, a lo que recientemente se llama como ‘sociedad-red’ – e. g., Guéhenno, 1993; Castells, 1996 – se refiere a cualquier sociedad, pues lo que varía es la topología y la conectividad, no el hecho de ser sociedad-red ya que toda sociedad humana lo es). Las evidencias, sin embargo, muestran que, mientras cuanto más distribuidas que sean las redes que voluntariamente articulamos, más consiguen sintonizarse o comunicarse con red social que existe desde que existen conexiones entre personas, independientemente de nuestros esfuerzos organizativos (e que podríamos llamar, como recurso explicativo, de “rede-madre”).Las evidencias muestran también que tendremos más oportunidades en reproducir, en redes voluntariamente construidas, los fenómenos que se manifiestan en la “red-madre” si esas redes que articulamos fueran redes de personas (P2P o peer-to-peer). O sea, instituciones jerárquicas conectadas entre sí poden hasta intentar articularse en red, pero difícilmente constituyan una red capaz de reproducir la “red-madre” – quiere decir, una red distribuida (P2P) – configurándose casi siempre como estructuras conectivas con topología descentralizada. El motivo es casi obvio: las instituciones jerárquicas tienden a jerarquizar las redes de las que forman parte, y así, dejan de ser redes para transformarse en frentes de entidades o en coaliciones de organizaciones tradicionales y, a las veces, en holdings.
Para la democracia (en el sentido “fuerte” del concepto), no se trata de soñar con cosas ideales, irrealizables, sino de cambiar la forma en como nos comportamos política y administrativamente en términos orgánicos. Se trata de cambiar la matriz de proyectos, programas y acciones gubernamentales y no-gubernamentales en todos los niveles. Todo o casi todo lo que organizamos actualmente con base en el patrón-mainframe, puede ser reorganizado según un patrón-network, desde un programa de alfabetización de jóvenes hasta una organización política. Podemos hacer eso sin una computadora e, inclusive, sin ningún miserable teléfono celular. Ya que existe o el teléfono fijo, ya que existe el correo y ya que existe – hay algunos miles, tal vez millones, de años – la posibilidad de diálogo en un encuentro presencial. No es el medio tecnológico que hace el "milagro" y sí el modo de conexión y el grado de conectividad. Hasta con señales de humo es posible democratizar procedimientos, ampliar la frecuencia y la base de consultas de opinión, incorporar personas como sujetos y transformar destinatarios y beneficiarios en participantes voluntarios. Si no lo hacemos, no es por efecto de alguna "exclusión digital" y sí por fuerza de una cultura política y organizativa autoritaria, jerárquica, sacerdotal y, en gran medida, autocrática.
Quien hace netweaving hace, pues, democracia (en el sentido “fuerte” del concepto). Finalmente, es necesario reconocer que tenía razón el pionero en redes, Robert Muller, cuando escribió hace más de 20 años: “conforme caminamos hacia el tercer milenio, tal vez de la participación en networks se haga la nueva democracia, un nuevo elemento importante en el sistema de goberno, un nuevo modo de vida en las complejas y milagrosas condiciones globales de nuestro extraño y maravilloso planeta vivo, girando y circulando en el universo prodigioso en una encrucijada de infinidad y eternidad” (1).
Los netweavers son los "tejedores" (para aprovechar una expresión de Platón, en el diálogo “El Político”, que podría haber sido afortunado si no se refiriera al hombre ingenuo, poseedor de una ciencia ingenua de la política) y los animadores de redes voluntariamente construidas. En verdad, ellos construyen interfaces para "conversar" con la "red-madre". Los netweavers no son necesariamente los estudiosos de las redes, los especialistas en Social Network Analysis o los que investigan o construyen conocimiento organizado sobre la morfología y la dinámica de la sociedad-red. Los netweavers, en general, son políticos, no sociólogos. Y políticos en el sentido práctico del término, quiere decir, articuladores políticos, emprendedores políticos y no científicos o analistas políticos.
En los sistemas representativos actuales (que realizan la democracia en el sentido “débil” del concepto), los políticos, sin embargo, no son netweavers, y sí exactamente, lo contrario: ellos jerarquizan el tejido social, verticalizan las relaciones, introducen centralizaciones, obstruye los caminos, destruyen conexiones, derrumban puentes (o cierran los atajos que conectan un cluster con otros clusters, separando una región de la red de otras), excluyen nodos; finalmente, introducen toda suerte de anisotropía (direccionamiento) en el espacio-tiempo de los flujos. Hacen todo eso porque el tipo de poder con que interactúan – el poder, en suma, de mandar hacer algo en contra de su voluntad a alguien – es siempre el poder de obstruir, separar y excluir. Y es el poder de introducir intermediaciones ampliando las distancias, dilatando la extensión característica de los caminos de la red social o aumentando sus grados de separación (o sea, disminuyendo la conectividad). No es Por otro motivo que los políticos tradicionales funcionan, por vía de la regla, como despachantes de recursos públicos, privatizando continuamente capital social. Se puede decir que, en ese sentido, los políticos tradicionales son los anti-netweavers, en la medida en que contribuyen a hacer la red social menos distribuida y más centralizada o descentralizada (es decir, multicentralizada).
Tampoco es fortuito que todas las organizaciones políticas – aún en el interior de regímenes formalmente democráticos – tienen topología descentralizada (quiere decir, más multicentralizada que distribuida). Esa también es una manera de describir, por el contrario, el papel de los netweavers.
Está claro que la "culpa" del comportamiento "desenredante" no es de los políticos tradicionales individualmente. Ellos son "producidos" por el propio sistema político en la medida en que ese sistema no está suficientemente democratizado (en el sentido “fuerte” del concepto). En otras palabras, mientras más democratizado esté el sistema político, el agente político más actuará como un netweaver; y viceversa (2).

Indicaciones de lectura.

Para entrar en contacto con esta temática (o problemática), es imposible dejar de leer, por ejemplo, el libro de texto de Pierre Levy: “La inteligencia colectiva” (1994); el libro de Steven Johnson: “Emergencia” (2001); el libro de Manuel Castells: “La galaxia de la Internet” (2001); y tres textos recientes de David de Ugarte: “Analizando redes sociales” (2004), “11M. Redes para ganar una guerra” (2006) y “El poder de las redes” (2007). Vale la pena explorar también (y tomar en serio) la metáfora “The Matrix”, no sólo la trilogía, sino leyendo la colección: Irwin, William (org.) (2002). “Matrix: bienvenido al desierto de lo real”. São Paulo: Madras, 2003 (3).
Conviene leer también: Bard, Alexander & Soderqvist, Jan. Netocracy: The New Power Élite and Life After Capitalism (existe edición en español: Bard, Alexander y Söderqvist, Jan (2002). La netocracia: el Nuevo que pueda en la Red y la vida después del capitalismo. España: Pearson Educación, 2005).

Notas

(1) Cit. en Lipnack, Jessica & Stamps, Jeffrey (1982/1986). Networks: redes de conexiones. Acuariana, São Paulo, 1992.
(2) Es preciso considerar que los netweavers articulan y animan redes (netweaving) – conectando personas-con-personas, con el grado de topología distribuida que fuera posible alcanzar – independientemente del objetivo de esas redes.
Pueden ser netweavers digitales (o cybernetweavers), que contribuyan, por ejemplo, para expandir la blogosfera, sea inaugurando su propio blog, sea ayudando a otras personas a que adquieran esa efectiva condición de inclusión digital, sea creando ambientes interactivos y programas que sirvan para agregar blogs por temas de interés. Pero poden también dedicarse a inducir al desarrollo por medio de redes comunitarias o sectoriales. Y poden, aún, asumir un papel político, más explícito, de experimentar y diseminar innovaciones políticas ensayando formas alternativas de democracia (en el sentido “fuerte” del concepto) – quiere decir, de democratización de la democracia – o de gobierno compartido en redes voluntarias de participación ciudadana, como veremos en el Epílogo de este libro.
(3) Para comenzar a leer algo sobre redes y sobre las relaciones entre redes, sistemas complejos y democracia, se recomiendan los siguientes textos (muchos claramente introductorios y otros, como la trilogía de Manuel Castells, más difíciles de digerir): Lipnack, Jessica & Stamps, Jeffrey (1982/1986). Networks: redes de conexiones. Acuariana, São Paulo, 1992; Lipnack, Jessica & Stamps, Jeffrey (1993). Redes de Informaciones ["The TeamNet Factor"]. São Paulo: Makron Books, 1994; Castells, Manuel (1996). La Era de la Información: economía, sociedad y cultura, en tres volúmenes: “La sociedad en red”, “El poder de la identidad” y “Fin de milenio”. São Paulo: Paz y Tierra, 1999; Capra, Fritjof (1996). La tela de la vida: una nueva comprensión científica de los sistemas vivos. São Paulo: Cultrix, 1997; Castells, Manuel (1999). “Hacia el Estado-red: globalización económica e instituciones políticas en la era de la información” in Bresser Pereira, L. C., Wilheim, J. y Suela, L. Sociedad y Estado en transformación. Brasilia: ENAP, 1999; Gladwell, Malcolm (2000). El punto de desequilibrio: como pequeñas cosas se pueden hacer una gran diferencia. Río de Janeiro: Rocco, 2002; Oran, Andy (org.) (2001). Peer-to-peer: el poder transformador de las redes punto a punto. São Paulo: Berkeley, 2001 (leer en especial el artículo de Hong, Theodore (2001): “Desempeño”); Capra, Fritjof (2002). Las conexiones ocultas. São Paulo: Cultrix/Amana-Key, 2002; Martinho, Cássio (2003). Redes: una introducción a las dinámicas de la conectividad y de la auto-organización. Brasilia: WWF-Brasil, 2003; además, claro, de los textos ya indicados por encima de David de Ugarte y de Alexander Bard y Jan Soderqvist. Para quien está realmente interesado en estudiar el asunto (redes) en profundidad, entonces algunas de las obras más importantes, por lo menos para comenzar, son las siguientes: Wasserman, Stanley & Faust, Katherine (1994). Social Network Analysis: methods and applications. Cambridge: Cambridge University Press, 1999; Wasserman, Stanley & Galaskiewicz (orgs.) (1994). Advances in Social Network Analysis: research in the social and behavioral sciences. Thousand Oaks: Sage Publications, 1994; Watts, Duncan (1999). Small worlds: the dynamics of networks between order and randomness. New Jersey: Princeton University Press, 1999; Barabási, Albert-László (2002). Linked: how everything is connected to everything else and what it means. New York: Basic Books, 2002; Watts, Duncan, Dodds, Peter & Muhamad, Roby (2002). “Un Estudio Experimental de Búsqueda en Redes Sociales Globales”. Science (2 December 2002; accepted 23 May 2003 10.1126/science.1081058): ver la edición de Augusto de Franco (2003), disponible in ‘Carta Capital Social 107’ (www.augustodefranco.con.br); Rheingold, Howard (2002). Smart mobs: the next social revolution. New York: Basic Books, 2002; Buchanan, Mark (2002). Nexus: Small Worlds and groundbreaking science of networks. New York: WWNorton, 2002; Watts, Duncan. Six degrees: the science of la connected age. New York: W. W. Norton & Company, 2003; Strogatz, Steven (2003). Sync: the emerging science of spontaneous order. New York: Hyperion, 2003; Cross, Rob & Parker, Andrew (2004). The hidden power of social networks: understanding how work really gets done in organizations. Boston, MA: Harvard Business School Press, 2004; Newman, Mark, Barabási, Albert-László & Watts, Duncan (eds.) (2006). The structure and dynamics of networks. New Jersey: Princeton University Press, 2006. Democracia sin demócratas”. www.project-syndicate.org/contributor/77.
(4) Ídem.

Capítulo R | Reglas

... que la democracia no debe escoger alguien para una función de coordinación política en razón del contenido de sus propuestas (sustantivas) debe basarse en la evaluación de su disposición de respetar las reglas establecidas democráticamente y de su capacidad de promover la interacción democrática de todas las propuestas existentes;

La democracia es un sistema de principios plenos de los cuáles se desprenden reglas siempre transitorias y lugares vacíos.

Para la democracia basta que asuman las funciones de coordinación política los que respetan las reglas del juego democrático, no siendo necesario escoger alguien que, supuestamente, tenga las mejores ideas del mundo sobre la redención de la humanidad, el futuro de la especie humana, la sociedad perfecta, el hombre nuevo o sobre cualquiera otra cosa, por más maravillosa que sea. Los que imaginan que están haciendo la elección salvadora por medio del proceso político, están en el lugar errado (deberían, quien sabe, buscar una religión para satisfacer su ansia de sentido de la vida).
Basta para la democracia, en el sentido “débil” mismo del concepto (pero pleno), no respetar abiertamente – ni falsificar o manipular, usando excusas – las reglas que provienen de los principios de la libertad, de la publicidad, de la electividad, de la rotación (o alternancia), de la legalidad y de la institucionalidad y, como consecuencia de todos esos, de la legitimidad de los regímenes democráticos.
Libertad. Las reglas que provienen del principio de la libertad comprenden aquellas que vienen a asegurar el ejercicio de la libertad de ir y venir, de la libertad de organización social y política y de la libertad de creencia y de expresión (cosas que, por increíble que parezca, aún no existen en países como China, Corea del Norte o Cuba), incluyéndose hoy el derecho de investigar, recibir y transmitir informaciones e ideas sin interferencia por cualquier medio, inclusive en el cirberespacio y la libertad de prensa, stricto sensu y lato sensu, lo que debe contemplar la existencia de diversas fuentes alternativas de información y no sólo una libertad formal obstruida en la práctica por la imposición de dificultades legales o burocráticas para la apertura y el funcionamiento de medios de comunicación por parte de quien piensa diferente, sea por qué pretexto sea. Vía la regla de las protodictaduras (como Venezuela actual) y las dictaduras (como las citadas arriba) se intenta falsificar este principio alegando incitación al desorden o amenaza a la seguridad nacional.
Publicidad. Las reglas que provienen del principio de la publicidad tienen a ver con la transparencia necesaria (capaz de enseñar una efectiva rendición de cuentas) de los actos del gobierno y la disolución del secreto de los negocios de Estado (que constituye una exigencia real en circunstancias en que se pueda amenazar la seguridad de la sociedad democrática y el bienestar de los ciudadanos pero que, en la mayor parte de los casos, bajo el pretexto de mantener la seguridad nacional y el orden público, constituye un mero pretexto para ocultar procedimientos autocratizantes o privatizantes).
Electividad. Las reglas que se desprende del principio de la electividad son aquellas que disciplinan, para hacerla lo más ecuánime que fuera posible (dentro de las limitaciones impuestas por las diferencias de fuerza, riqueza y conocimiento existentes en la sociedad en cuestión), la elección de los gobernantes por los gobernados, lo que comprende al derecho a voto para elegir representantes parlamentarios y ejecutivos (gubernamentales) por el sistema universal, directo y secreto, en elecciones libres, periódicas y libres (limpias), atribuyéndose a todos los ciudadanos en condiciones legales de votar igual derecho a ser votados (y la exigencia adicional de que los ciudadanos deban pertenecer la partidos es, como se puede ver, un contrabando autocrático que atenta contra la transitividad del principio de elección, pero que aún está vigente en buena parte de los regímenes democráticos).
Rotación (o alternancia). Las reglas que derivan del principio de la rotación hablan respeto de la efectiva posibilidad de alternancia en el poder entre oficialismo y oposición. Esa cuestión es clave, como hemos visto, para distinguir las democracias de las autocracias y, inclusive, de los simulacros de democracia (o sea, de las democracias parasitadas por fuerzas autoritarias, aparentemente democráticas, pero que en verdad quieren la restringír o la restringen objetivamente, sea por medio de un proceso claramente protodictatorial, sea por medio de una obscura manipulación política, en general de naturaleza populista). Asumir la rotación o la alternancia en un sentido más ampliado significa también, como señaló Felipe González (2007), promover a la categoría de principio “la aceptabilidad de la derrota como elemento esencial del funcionamiento democrático” (1).
Legalidad e Institucionalidad. Las reglas que provienen de los principios de la legalidad y de la institucionalidad tienen a ver con la estructura y el funcionamiento del llamado Estado de derecho, contemplando la existencia y el funcionamiento de instituciones estables, capaces de cumplir papeles democráticamente establecidos en la ley y protegidas de influencias políticas indebidas del gobierno. Si las leyes son incumplidas o eludidas o si las instituciones son derruidas o sólo ocupadas, sujetas de aparatos, pervertidas y degradadas para servir a los propósitos políticos de un grupo privado (instalado dentro o fuera del gobierno), entonces el régimen democrático corre peligro. A las veces tal amenaza no es suficiente para colocar en riesgo el sistema representativo formal, pero – sin ninguna duda – cuando eso acontece es señal de que está habiendo una disminución en el proceso de democratización de la sociedad. Si la ley (democráticamente aprobada) hubiere sido incumplida y no hubiera la sanción correspondiente, la democracia (tanto en el sentido “débil”, cuanto en el sentido “fuerte” del concepto) siempre sufrirá con tal violación, aún cuando se argumente que la ley es injusta (y aunque lo sea de hecho: en este caso, el papel de los demócratas es proponer el cambio de la ley y no de subvertirla o incumplirla). Pero toda ley democráticamente aprobada es legítima (en la medida de la legitimidad del proceso que la generó).
Legitimidad. En la democracia sólo es legítimo (aún en el sentido “débil” del concepto) el actor político que respeta – sin intentar falsificar o manipular – el conjunto de las reglas que emanan de los principios mencionados. Pero si, basado en los votos que obtuvo o en los altos índices de popularidad que alcanzó, un representante (o militante) considera que puede no respetar, falsificar o manipular las reglas emanadas de esos principios debido a que cuenta con el apoyo de la mayoría de la población (o porque tendría la propuesta “correcta” o la “ideología verdadera” para resolver todos los problemas del mundo), entonces tal representante (o militante) deberá ser considerado ilegítimo desde punto de vista de la democracia.
La cuestión de la legitimidad es central para la democracia, aún cuando se la toma en el sentido “débil” del concepto. Como escribió, con maestría, Ralf Dahrendorf (2005):“La legitimidad es un concepto que va más allá de la noción de legalidad. Depende de lo que las personas afectadas consideren como real... Sin legitimidad, ningún sistema político puede alcanzar estabilidad y sin elecciones (quiere decir, sin una expresión explícita del consentimiento popular en relación a los que detentan el poder) no puede haber legitimidad. Pero si bien las elecciones libres son una condición necesaria para la legitimidad, están lejos de ser suficientes para garantizarlas. Las disposiciones constitucionales deben asegurar un lugar, en las instituciones políticas de los países, a todos los grupos existentes. Es igualmente imperativo establecer el imperio de la ley, ejercido por un poder judicial independiente y respetado” (2).
En el excelente artículo “Democracia sin demócratas”, Dahrendorf (2004) ya llamaba la atención del hecho de que la democracia meramente electoral (quiere decir, en nuestros términos, la democracia no sólo en el sentido “débil”, ni tampoco en el sentido pleno del concepto) no está protegida de los que quieren parasitarla (o sea, en nuestros términos, de los que quieren utilizarla para autocratizarla). Comentando la definición (“débil”) de Karl Popper, según la cual la democracia “es un modo de sacar a los que están en el poder sin derramamiento de sangre” por el método de depositar “los votos en las urnas”, Dahrendorf observa que tal definición “no es útil cuando se hace una pregunta que se convirtió en tema recurrente en varias partes del mundo: ¿Qué es lo que ocurre cuando los que salen del poder creen en la democracia mientras que los que los sustituyen no? En otras palabras: ¿Qué es lo que ocurre si los “chicos malos” son electos?” (3).
Dahrendorf señala, entonces, que “los ciudadanos activos que defienden la libertad deben ser su salvaguarda. Sin embargo hay otro elemento y más importante que proteger: el imperio de la ley”:
“Imperio de la ley no es lo misma que democracia, ni son elementos que necesariamente garanticen uno al otro. El imperio de la ley es la aceptación de que las leyes, no aquellas dictadas por alguna autoridad suprema, sino por la ciudadanía, valen para todos: los que están en el poder, los que están en la oposición y los que están fuera del juego del poder... Las así llamadas “leyes de excepción”, que suspenden el imperio de la ley son la primera arma de los dictadores. Por eso es más difícil usar el imperio de la ley para socavar la ley que usar las elecciones populares contra la democracia” (4).
De cualquier modo, la democracia en el sentido “débil”, sin embargo pleno, del concepto, parece exigir más que simplemente el respeto a las reglas que provienen del principio de la legalidad y de la institucionalidad. Ella exige legitimidad, comprendida como el respeto a las reglas que transcurren de todos los principios democráticos enunciados arriba. A rigor país algún considerado democrático obedece un 100% de las reglas emanadas del conjunto de esos principios – que constituye a una especie de programa “de máxima” de la democracia liberal – pero podemos decir que actualmente, por lo menos, entre 20 la un 30% de los países del mundo las observan en proporción que juzgan como satisfactoria (o sea, de una forma que no instrumentaliza o parasita la democracia) desde punto de vista del sentido “débil” de democracia.
Se puede decir que existen en la actualidad dos modos autoritarios de parasitar la democracia (o de usar la democracia en contra de la democracia) o sea, de usar instrumentalmente la democracia liberal (supuestamente a servicio de las élites, de los conservadores, de la derecha) – en la verdad, lo que es usado aquí es, en gran medida, el sistema electoral – para alcanzar una democracia popular (supuestamente a favor del pueblo): la “protodictadura” y aquello que podríamos llamar, a falta de un neologismo, “manipuladora”. Frecuentemente ambas amenazas hacia la democracia se expresan por medio de proyectos populistas o neopopulistas. Los “manipuladores” representan a la autocratización posible de la democracia en las condiciones de sociedades complejas y con más experiencia de democracia (como Brasil y Argentina, por ejemplo), mientras que las “protodictaduras” son posibles en sociedades más simples y donde la democracia es más incipiente (como son los casos de Venezuela, de Bolivia, de Nicaragua y de Ecuador). Hay casos de “protodictaduras” en sociedades complejas, sin embargo sin experiencia democrática, como la Rusia de Putin. La jocosa expresión “manipuladora” hace alusión al proceso de manipulación autoritaria que opera por medio de la perversión de la política y de la degeneración de las instituciones de la democracia liberal.
Pero si alguien fuera considerado capaz de respetar las reglas democráticamente establecidas (sin intentar de abolirlas, falsificarlas o manipularlas, como ocurre en las dictaduras, en las “protodictaduras” y en las “manipuladoras”) y de promover la interacción democrática de todas las propuestas presentadas, entonces la democracia no hace ninguna objeción que tal actor sea escogido para cualquier función de coordinación política (desde la dirección de un organismo partidario hasta la autoridad de un gobierno o de un Estado). Es eso quiere decir que los lugares en la democracia son vacíos, o sea, que esos lugares pueden ser ocupados por cualquiera que se comprometa con procedimientos democráticos de acuerdo a las reglas que procedan de los principios democráticos.
Pero no escoger alguien en base a diferencias con sus ideas (sustantivas) puede significar un prejuicio antidemocrático: por lo que un colectivo no tiene capacidad de construir una propuesta (su propuesta colectiva) por medio de la verificación y de la combinación de la variedad de opiniones que existen en su seno. Más que eso, significa, en el fondo, esperar que nuestro elegido manipule de algún modo el proceso democrático para conducirlo en la dirección de la propuesta con la cual acordamos y que queremos hacerla victoriosa, antes aún de su interacción con las otras propuestas. Sin embargo, sorprendentemente para la mentalidad autocrática, la democracia es un sistema de principios plenos de los cuáles se desprenden reglas siempre transitorias y lugares vacíos.
En el sentido “fuerte” del concepto, la democracia no es más que una radicalización de los principios antes enunciados con el propósito de producir continuamente reglas cada vez más democratizantes, como, por ejemplo, las que se sugieren a continuación, válidas, sin embargo, solamente para el interior de organizaciones formadas a partir de libre pacto entre iguales.
En principio, todos deben poder decidir sobre todo y la instancia deliberativa máxima de una organización debe ser el conjunto de todos sus participantes. Pero ninguna decisión debe ser tomada sin previa discusión. Sí, pero política no es sólo decisión por deliberación. Antes de ser (proceso de) decisión, política es (el “arte” de la) conversación. Si bien parezca más democrático que puedan hacerlo, no siempre todos deben ser convocados (ni sentirse obligados) a decidir sobre todo. En cierto sentido, por raro que parezca, cuando hay necesidad de deliberar formalmente para decidir eso es señal que un asunto no está maduro, es una señal de que faltó conversación. Se argumenta que, en la mayoría de las veces, no hay tiempo suficiente para esperar la formación, desde bajo para arriba, de una opinión que atienda a las expectativas generales y, ahí, la solución entablar el debate inmediatamente para decidir. Pero eso, eso que es válido – en muchos casos, nunca en todos – para la esfera de la política institucional, no lo es para las organizaciones, articulaciones y movimientos de la sociedad civil. Aún en la política institucional algún tiempo se deberá hacer para discutir antes de decidir.
Ninguna votación se debería realizar sin que antes sean agotadas las posibilidades de acuerdo o de construcción del consenso. Tal vez bastara con adoptar esa regla para modificar totalmente el clima de animosidad característico de las asambleas u otros colectivos sociales contaminados por la política autocratizante. En las organizaciones socieales, no hay nada que obligue a la toma de decisión de apresurada, desembocando inmediatamente a la votación antes de intentarse construir el consenso. Aún en la política institucional, gran parte de las decisiones que se toman por votación bajo el pretexto de la urgencia, se podrían tomar más tarde, cuando la discusión estuviera más madura.
Las consultas deben ser, preferentemente, cualitativas y calificadas. Cuando eso no fuere posible, deberían basar en las múltiples proposiciones o elecciones. Sólo en casos extremos deberían ser plebiscitarias. En organizaciones, articulaciones y movimientos de la sociedad civil – salvo en casos extremos (que involucren, por ejemplo, a la supervivencia o la seguridad colectivas) – no hay una razón cualquiera para adoptar consultas plebiscitarias o convocar referendos.
Cuando hubiere votación, todas las posiciones, mayoritarias y minoritarias, deben ser anunciadas, juntamente con los votos obtenidos por cada una de esas posiciones, como resultado del proceso de votación. Es el mínimo que se puede hacer que se consideremos la votación como un episodio – procedimental – del proceso democrático y no como el corazón de la democracia. Conocer todas las posiciones y los apoyos que obtuvieron es fundamental para construir una historia de la deliberación y poder observar la trayectoria de las opiniones y del debate a lo largo del tiempo. Es esa serie de eventos que constituye la “tradición” democrática, si es que se puede hablar así. O mejor, es así que se construye la cultura democrática indispensable para crear el ambiente favorable para el ejercicio y la reproducción de prácticas democráticas.
Participar y votar son derechos, no deberes. El derecho de participar y de votar es el equivalente al derecho de no participar y de no votar. En principio, todos deben que pueda ser candidatos a todo. El derecho de indicar candidatos o votar en candidatos para cualquier cargo es el mismo derecho de no aceptar ser indicado o votado para cualquier cargo. No se debería exigir el voto a nadie, mucho menos otras formas más directas de participación política. Son actos voluntarios, no obligaciones. El voto obligatorio es un quiste. La participación compulsiva sería un crimen contra a libertad. Por otro lado, quien no califica para representar un colectivo tampoco debería estar calificado para integrarlo. No aceptar ser candidato o votado para cualquier cargo forma parte de la libertad del ciudadano.
Todas las acciones deben ser de coordinación y todas las coordinaciones deben ser organismos colegiados, inclusive las coordinaciones de coordinaciones, sin que haya presidentes, secretarios o coordinadores individuales. Normalmente las personas tienden a no aceptar reglas como esta, basadas en evaluaciones de la ineficacia de los cuerpos colegiados. Se argumenta que hasta (!) Lenin tuvo que reconocer las ventajas del comando unipersonal en ciertos tipos de organizaciones (en el caso, las industrias; pero después eso acabó valiendo – de hecho – para casi todos los tipos de instituciones, inclusive para el comando del partido y del Estado). Con todas las dificultades de funcionamiento, que ya son bien conocidas conocidas, es innegable sin embargo, que los organismos colegiados tienden a ser más democráticos que los comandos individuales.
Para elección de las coordinaciones se puede adoptar la rotación o el sorteo, o combinarlas, en un sistema mixto, votación y sorteo. Esa es otra reglita cuya introducción desorganizaría completamente los mecanismos de poder establecidos por la política no suficientemente democratizada (en el sentido “fuerte” del concepto). La rotación y, sobre todo, el sorteo, desbaratan la construcción de organizaciones (autocráticas) que suelen surgir, con el objetivo de alcanzar y retener el poder en mano de un grupo, dentro de organizaciones (democráticas). He ahí el punto: los grupos – tendencias, facciones – que se forman para disputar el poder dentro de organizaciones democráticas, en general son (por varias razones, inclusive la de la eficacia) más autocráticos que las organizaciones que los abrigan. Inconscientemente, la dinámica que enseña la formación de esos grupos se ubica en favor de la autocratización de la democracia y no de su democratización. Generalmente los “demócratas” formales no quieren ni oír hablar de sorteo. Argumentan que eso descalifica la elección colectiva, la cual debería darse con base a propuestas o proyectos presentados por los candidatos. Pero, en rigor, todos estos argumentos tienen un fondo autocrático. Si un grupo de personas es bueno lo suficiente para integrar una organización, entonces debería también ser bueno para coordinarla en nombre del conjunto. Es claro que todo eso presupone otros procesos democráticos complementarios, como los expresados más arriba; por ejemplo, el sorteo no podría convivir adecuadamente con la posibilidad del control unipersonal de corte autocrático, pues, en este caso, el infortunio podría conducir a la dirección de una organización a un protodictador, un sociópata. Además de eso, el sorteo no combina con la votación como método exclusivo o prioritario de decisión, a la vez que la elección de conducciones no puede ser confundida con la elección de propuestas. Pero, como venimos más arriba, a rigor no se debería votar a alguien en razón de una propuesta sustantiva y sí en base a su propuesta procedimental. Si las reglas democráticas están claras y si hay una seguridad mínima de que sean respetadas, entonces cualquier miembros de la organización pueden asumir su coordinación (quiere decir la conducción de los procesos democráticos regidos por tales reglas).
Siempre que haya disputa de cargos, para cubrir esos (una parte) cargos para la instancia de conducción, debe haber composición proporcional. También parece obvio que el vencedor no puede se llevar todo. Bajo cualquier punto de vista, esto no es muy democrático. Si hubiera votación para cubrir cargos de conducción o para la elección de delegados (y eso, como se señala mas arriba, debería ser admitido solamente para una parte de los cargos disponibles, ya que el sorteo y la rotación constituyen, en general, alternativas más democráticas que el voto), entonces el mínimo aceptable es que haya una composición proporcional al número de votos obtenidos por los cargos.
Cuando hubiera empate en votaciones, a nadie se le puede atribuir el poder de desempatar. El empate en votaciones obliga la apertura de nuevo proceso de discusión. En último caso, el desempate deberá ser hecho por sorteo. ¿Por qué alguien debería tener el poder de decidir solo en caso de empate? El tal “Voto de Minerva” sería un eco del pasado, una sombra (o ocultamiento) de otros tiempos, en que se atribuía unción divina a alguien que, en virtud de ese munus extraordinario (y extrapolítico), ¿estaría habilitado a ejercer el poder como moderador (un papel tan especial que otros no serían capaces de desempeñar)? ¿Qué tendría que ver la democracia a ver con tales tradiciones míticas, sacerdotales y autocráticas? ¿No parece obvio que el empate indica que no hubo convencimiento suficiente? ¿Cual es el problema de rediscutir la cuestión y, si no hubiera consenso, después de varias tentativas, desempatar por sorteo? ¿La urgencia? Pero la urgencia no es una categoría de la política: es un problema para el pronto-socorro, para la antigua “radiopatrulla”, del cuerpo de bomberos o para los salvavidas. Parece obvio que esos argumentos son inventados para reproducir un determinado tipo de práctica política. Un colectivo que, después de discutir y rediscutir varias veces una misma cuestión, aclara que en los internos en donde no muta, tiene algún problema grave desde punto de vista de su percepción de la democracia (que no podrá ser resuelto con la atribución la una persona con poder de desempate de votaciones). ¿Si fuera así, es decir, si las opiniones estuvieran irreductiblemente equilibradas, qué diferencia hay entre el sorteo y el poder unipersonal de desempatar?
Expresando posiciones asumidas colectivamente, cualquier participante puede hablar en nombre de su organización, sin necesidad de delegación. Sin embargo, las cosas no pasan así en las organizaciones que conocemos. Para hablar en nombre de una organización, un integrante necesita recibir una delegación, que, sin embargo, en nada garantiza que él será fiel a las opiniones colectivas, en la medida en que no se puede separar – al no ser en términos formales – sus opiniones personales de las opiniones de la organización que dirige o de la cual recibió una representación especial para ser el portavoz. En la política institucional basta analizar las declaraciones de los jefes de Estado y de gobierno y de los presidentes de los poderes legislativos y judicial, para percibir que todo eso es más o menos una farsa. En la política que se practica en las organizaciones, articulaciones y movimientos sociales, esa situación es todavía peor. Tales reglas, no es raro, sólo esconden el antojo de los dirigentes de mantener en sus manos el monopolio de la palabra colectiva, o sea, su antojo de retener el poder en sus manos.
Es bueno insistir que, si un conjunto arbitrario (y siempre transitorio) de reglas, como el que se comentaba arriba, no puede constituir marco legal regulatorio para las sociedades actuales y para sus instancias normativas basadas en el patrón de organización jerárquico y en la (o en el monopolio de la) violencia, eso no significa que ellas no puedan inspirar procedimientos y mecanismos democratizantes de las relaciones de esas instancias con las sociedades actuales.
La democracia de los modernos también fue refutada como inaplicable por la inmensa mayoría de los teóricos de la política durante, por lo menos, tres siglos (contados a partir de Hobbes). Se cuestionaba, por ejemplo, el sufragio universal, como una idea incompatible con la naturaleza del ser humano en sociedad. Sin embargo, como constatamos, el mecanismo del voto era incompatible sólo con los prejuicios de algunos seres humanos, con las ideas que estaban en sus cabezas. Y que no se diga que no había, entre los siglos XVII al IXX, condiciones materiales para la adopción de la democracia representativa (condiciones que sólo se habrían reunido, según el pensamiento economicista, a partir de la revolución industrial). Si así hubiera sido, los antiguos griegos no habrían conseguido inventar y ensayar, durante largo tiempo, procesos democráticos, hay dos mil años.
La razón por la cual tales reglas democratizantes (que realizan la democracia, en el sentido “fuerte” del concepto) no son aplicables en las instituciones políticas formales que aún tenemos, es su patrón de organización centralizador, como veremos en el próximo capítulo.

Indicaciones de lectura

Vale la pena leer el artículo “Aceptabilidad de la derrota”, de Felipe González, publicado por el periódico El Padres (29/06/07). Vale la pena también leer los artículos de Ralf Dahrendorf, ya indicados anteriormente.
Vale la pena, igualmente, leer el artículo “Democracia y Constitución” de Celso Lafer, publicado por el periódico El Estado de São Paulo (16/09/07).
Sobre las nuevas reglas (sugeridas arriba sólo a título de ejemplo) para una política democratizada (en el sentido “fuerte” del concepto), no hay mucho para indicar, sobre todo por cuanto los actuales teóricos de la radicalización de la democracia no parecen muy preocupados en ejercitar su imaginación creadora en ese sentido (dando alas a aquella creatividad que Dewey (1939) juzgó tan necesaria en su último discurso sobre el tema de la democracia), sino con la constitución de una fuerza para combatir aquello que juzgan ser la hegemonía liberal de las concepciones representativo-elitistas de democracia, como veremos en el capítulo v) democratización.

Notas

(1) González, Felipe (2007). “Aceptabilidad de la derrota”. Madrid: El País (29/06/07).
(2) Dahrendorf, Ralf (2005). “Legitimidad y elecciones”. www.project-syndicate.org/contributor/77.
(3) Dahrendorf. Ralf (2004). “Democracia sin demócratas”. www.project-syndicate.org/contributor/77. (4) Ídem.

miércoles, 4 de junio de 2008

Capítulo Z | Topía


... que la “utopía” de la democracia es la política – una topia – y no el contrario (o sea, que no se debe usar la política con objetivos extrapolíticos, como llevar las “masas” hacia algún destino del futuro; y que, en verdad, no se quiere nada con la política a no ser que los seres humanos puedan, aquí y ahora, vivir en libertad, como seres políticos, participantes de la comunidad política).

La democracia no es el puerto, el punto de llegada, pero sí el modo de andar.

Quien necesita de utopía es la autocracia, no la democracia. Las utopías igualitarias y totalitarias quieren – todas ellas – reformar al hombre porque hallan (como venimos en el capítulo anterior) que el ser humano vino con una especie de defecto “de fábrica” que debe ser reparado por el Estado para que sea posible que habitemos la ciudad ideal. La democracia, que no necesita de utopía, no quiere hacer nada de eso: quiere, sólo, que el ser humano pueda – aquí y ahora – vivir en libertad, como un ser político, como un participante de la comunidad política.
Sí, no se trata de conducir a “las masas” a un lugar que no-existe (u-topus). Esa es una preocupación de candidatos a conductores de rebaños, no de demócratas. Toda conducción de rebaños es un movimiento autocrático. Todo arrebañamiento, toda dilución de individualidad por su inmersión en una masa disforme y indiferenciada califica para la autocracia, no para la democracia. En la democracia (en el sentido “fuerte” del concepto), se trata, sí, de llevar las personas hacia la política: pero una-a-una.
La democratización es un movimiento en dirección a la política en el sentido que los griegos le atribuyeron al concepto. En ese sentido, el objetivo de la democracia es la política, la creación de aquello que los griegos denominaron de polís, cosa que, incorrectamente, fue tomada como sinónimo de Ciudad-Estado. Pero, como hemos visto, lo que es propio de la polís, lo que la caracteriza y distingue de los otros Estados antiguos, es el hecho de ser una comunidad (koinomia) política.
Toda política que no se hace ex parte principis desde su concepción, es el resultado de la democracia-en-realización, y no un instrumento para obtener cualquier cosa. Para la democracia (en el sentido “fuerte” del concepto), ese fin significa también un medio: una política cada vez más democratizada; es en ese sentido que se puede hablar que la radicalización de la democracia pasa por la democratización de lo que hoy se llama de política.
No se quiere obtener nada con la política, a no ser – vale la pena repetir – que los seres humanos que vivan como seres políticos, es decir, que convivan entre iguales (isonomia) en una red pactada por diálogos en que la libre opinión manifiesta (isegoria) que es equitativamente valorada como principio (isologia). Ahora, esa es la definición de democracia compatible con el sentido de la política como libertad. Si la democracia pudiera ser definida así, entonces sería sólo un sinónimo de política.
La finalidad de la democracia es la libertad, o sea, la política; no la igualdad. La igualdad es la condición sin la cual no se puede ejercer la política, es decir decir, la libertad. Si los esclavos, los extranjeros y las mujeres de Atenas participaran del ágora, no podría haber democracia en Grecia – al menos que dejaran de ser lo que eran, o sea, pasaran a ser (iguales a los) ciudadanos. Pero sólo entonces ellos serían libres en el sentido político.
Eso significa que, si existiera cualquier cosa como una liberación de los excluidos de la ciudadanía, esa liberación debería llevar a una inclusión en la ciudadanía política para que se transforme en libertad política. Pues, la libertad política no es más que el ejercicio de la vida política.
Así, quien hace política instrumentalmente para obtener algo extrapolítico, no hace, en la verdad, política. La política no es un instrumento, es un modo de efectivizar la libertad, actualizarla en lo cotidiano de la red de conversaciones que teje el espacio público, siéndose, simplemente, un ser político.
¿Para qué, finalmente, sirviría la democracia si no fuera para mejorar la vida de los seres humanos, incluir los excluidos, finalmente, posibilitar un mayor desarrollo humano, social y sustentable? Es lo que generalmente las personas preguntan (y se preguntan). Sin embargo, si bien guarde profundas relaciones con tales objetivos (como veremos en el Epílogo de este libro), la democracia no puede ser usada como instrumento para los alcanzar en la medida en que ella ya forma parte de esos objetivos, está co-implicada en su realización. La democracia tiene una “utopía” que es una no-utopía por cuanto no es finalística, no es Shangrilah, Eldorado o la Ciudad del Sol, pero la estrella polar de los navegantes que puede ser vista por cualquiera, independientemente del poder que acaparó o del conocimiento que acumuló, desde cualquier lugar en medio del camino. Y que no es para sea alcanzada en el futuro. Y, pese a eso es que no admite que alguien – en virtud de su fuerza o de su sabiduría – nos haga seguir un mapa (su mapa) para alcanzarla.
¿Por qué? Porque la democracia no es el puerto, el punto de llegada (en el futuro), pero sí el modo de caminar (en el presente). Así, la “utopía” de la democracia es una topia: la política. Es vivir en libertad como un ser político: cada cual como un participante – único, diferenciado, totalmente personalizado – de la comunidad política.

Indicaciones de lectura

Nuevamente se recomiendan los textos – publicados póstumamente – de Hannah Arendt (c. 1950-59) incluidos en la colección ¿Que es política? (Frags. de las “Obras Póstumas” (1992), compilados por Ursula Ludz).
Es bueno leer también los estudios clásicos sobre la democracia griega, ya indicados, de Jones: Athenian Democracy (1957); de Walter Agard: What Democracy Meant to the Greeks (1965) y la traducción para el inglés del libro de Morgens Herman Hansen: The Athenian Democracy in the Actúa of Demosthenes: Structure, Principles, and Ideology (1991).

Capítulo X | Dejar


... que la democracia no es un enseñar, pero si un dejar aprender (y que la misión del Estado no es educar la sociedad, corrigiendo los supuestos “defectos de fábrica” del ser humano para producir cualquier monstruosidad como un “hombre nuevo”);
Solamente psicópatas y sociópatas autocráticos imaginan que poseen la fórmula para producir un “hombre nuevo”.

Más vale un error cometido en democracia que los muchos aciertos de una autocracia. La democracia presupone libertad para errar y para aprender de los propios errores. Pero, además de eso, democracia siempre implica un aprendizaje colectivo en el proceso de experimentación sin el cual no puede ser valorada – y, en verdad, ni aún realizada – por los sujetos políticos que participan. La comunidad política desarrollándose es sinónimo de su red social aprendiendo.
Pero es la red social que aprende con su propia experiencia y no los individuos aislados
adoctrinados por una especie de Estado- “reformatorio”. En la democracia (y eso vale tanto en el sentido “fuerte”, cuanto en el sentido “débil” del concepto) no cabe al Estado reformar al individuo. No hay nada que reformar. Solamente psicópatas y sociópatas autocráticos imaginan que poseen la fórmula para producir un “hombre nuevo”, basados en la creencia de que el ser humano vino con una especie de defecto “de fábrica” que debe ser corregido por los poseedores de la doctrina verdadera, de la ideología correcta, los cuales tendrían el derecho de apoderarse del poder de Estado para, por medio de éste ejercido autocráticamente, regenerar las imperfecciones de los seres humanos, comenzando por intentar colonizar, top down, sus conciencias.
El trágico siglo XX ha suministrado ejemplos suficientes de lo que acontece cuando reformadores de seres humanos (como Mao o Pol Pot) se apoderan del poder de Estado para enseñar al pueblo como caminar en dirección a las sus utopías generosas e igualitarias: el mejor indicador para evaluar los resultados de esos movimientos autocratizantes tal vez sea el número de cadáveres por hora que producen como efecto colateral en su empeño reformador.
Ocurre que la democracia no es realmente un enseñar, pero un dejar aprender. Es una apuesta de que los seres humanos comunes pueden, sí, aprender a autoconducirse – aunque no posean ninguna ciencia o técnica específica – cuando inmersos en ambientes que favorezcan al ejercicio colectivo de esa educación democrática.
Más una vez John Dewey debe ser evocado. En el discurso, “Democracia creativa: la tarea que tenemos por delante” (1939) – en que lanza su contribución final a las bases de una nueva teoría normativa de democracia que podríamos llamar de democracia cooperativa – Dewey afirma que:
“La democracia es un modo de vida orientado por una fe práctica en las posibilidades de la naturaleza humana. La creencia en el hombre común es uno de los puntos familiares del credo democrático. Esta creencia carece de fundamento y de sentido salvo cuando significa una fe en las posibilidades de la naturaleza humana tal como se revela en cualquier ser humano, no importa cual sea su raza, color, sexo, nacimiento u origen familiar, ni su riqueza material o cultural. Esa fe puede ser promulgada en estatutos, sin embargo quedará sólo en el papel la menos que se refuerce en las actitudes que los seres humanos revelen en sus mutuas relaciones, en todos los acontecimientos de la vida cotidiana... Abrazar la fe democrática significa creer que todo ser humano, independientemente de la cantidad o del nivel de sus capacidades personales, tiene derecho a gozar de las mismas oportunidades que cualquiera otra persona para desarrollar cualquier aptitud que posea. La creencia democrática en el principio de la iniciativa revela generosidad. Es universal. Es la creencia en la capacidad de todas las personas para dirigir su propia vida, libre de toda coerción e imposición por parte de los demás, siempre que estén dadas las debidas condiciones.La democracia es un modo de vida personal que no está guiado por la mera creencia en la naturaleza humana en general, sino por la fe en la capacidad de los seres humanos para juzgar y actuar inteligentemente en las condiciones apropiadas. En más de una ocasión, fui acusado, por críticas provenientes de diversas posiciones, de abrazar una fe impropia, utópica en las posibilidades de la inteligencia y en la educación como su correlato. Sea como que sea, no fui yo quien inventó esa fe. La adquirí de mi entorno, en la medida en que ese entorno estaba infundido de un espíritu democrático. ¿Pues, qué es la fe en la democracia, en su papel de consulta, discurso, persuasión, discusión y formación de opinión pública, que en el largo plazo se autocorrige, sino la fe en la capacidad de la inteligencia del hombre común para responder con sentido común al libre juego de los hechos e ideas, asegurados por las garantías efectivas de la investigación, de la asamblea y de la libre comunicación? Estoy dispuesto a dejar en mano de los defensores de los estados totalitarios, derechistas y de izquierda, la creencia en el carácter utópico de dicha fe. Pues la fe en cuestión está tan profundamente arraigada en métodos intrínsecamente democráticos que cuando alguien que confiesa ser demócrata niega esa fe, se condena a sí mismo en traicionar la causa que dice defender...
La democracia como modo de vida está orientada por la fe personal en el trabajo del día-a-día con otras personas. La democracia es la creencia de que inclusive cuando las necesidades, los fines o las consecuencias difieren de individuo a individuo, el hábito de la cooperación amistosa – hábito que no excluye la rivalidad ni la competencia, como en el deporte – es por sí una valiosa contribución a la vida. En la medida del posible, extraer cualquier conflicto que surja – y continuarán surgiendo conflictos –fuera del contexto de la fuerza y de la resolución por medios violentos, para situarlo en el de la discusión y de la inteligencia, es tratar a quienes desacuerdan con nosotros – por muy grave que sea la discrepancia – como personas de las cuales podemos aprender y, en este sentido, como amigos. La auténtica fe democrática en la paz es aquella que confía en la posibilidad de dirimir las disputas, las controversias y los conflictos como iniciativas cooperativas en las cuáles cada una de las partes aprende dando a la otra la posibilidad de expresarse, en lugar de considerarla como un enemigo a derrotar y suprimir por la fuerza, supresión esa que no es menos violenta cuando se obtiene por medios psicológicos como la ridiculización, el abuso, la intimidación, que cuando es consecuencia del confinamiento en la prisión o en campos de concentración. La libre expresión de las diferencias no es solamente un derecho de los demás, sino un modo de enriquecer nuestra propia experiencia. Cooperar, dejando que las diferencias puedan ganar libre expresión, es algo inherente al modo de vida democrático...
Formulada en esos términos [de una posición filosófica], la democracia es la creencia en la capacidad de la naturaleza humana para generar objetivos y métodos que sumen y enriquezcan el curso de la experiencia. Las restantes formas de fe moral y social nacen de la idea de que la experiencia debe estar sujeta en un punto u otro en cierta forma de control externo, la alguna “autoridad” que supuestamente exista fuera de los procesos de la experiencia. El demócrata cree que el proceso de la experiencia es más importante que cualquier resultado particular, de modo que los resultados concretos tienen verdadero valor si se emplean para enriquecer y ordenar el proceso en curso. Ya que el proceso de la experiencia puede ser un agente educativo, la fe en la democracia y la fe en la experiencia y en la educación son una misma cosa. Cuando los fines y los valores se separan del proceso en curso, se convierten en hipótesis, en fijaciones que paralizan los resultados obtenidos, impidiendo que se reviertan sobre la marcha, abriendo el camino y señalando la dirección de nuevas y mejores experiencias. En ese contexto, la experiencia significa la libre interacción de los seres humanos con el entorno y sus condiciones – en particular, con el entorno humano. Tal interacción transforma las necesidades y satisface los deseos mediante el aumento del conocimiento de las cosas. El conocimiento de las condiciones reales es la única base sólida para la comunicación y la participación; toda comunicación que no esté basada en ese conocimiento implica sujeción a las otras personas o a las opiniones personales de los otros. La necesidad y el deseo – de donde nace el fin y la dirección de la energía – va más allá de lo que existe, y por lo tanto, del conocimiento de la ciencia. Abren continuamente camino para un futuro inexplorado e inalcanzado...
Todo modo de vida carente de democracia limita los contactos, los intercambios, las comunicaciones y las interacciones que estabilizan, amplían y enriquecen la experiencia. Esa liberación y enriquecimiento son una tarea que debe ser colocada el día-a-día. Aunque esa tarea no puede llegar a su fin hasta que la experiencia misma finalizada, el propósito de la democracia es y será siempre la creación de una experiencia más libre y más humana, en la cual todos participemos y para la cual todos contribuyamos” (1).
Parece quedar en evidencia, en los tramos transcritos mas arriba, que Dewey no tenía una visión procedimental de la democracia, ni a encaraba sólo como “las reglas del juego” o, aún, como una mera forma de legitimación institucional. Más importante, sin embargo, es su visión “fuerte” de la democracia – con la cual trabajamos aquí – como modo de vida, medio que es simultáneamente un fin, capaz de promover la conversión de enemistad en amistad política.
Vale la pena repetir un pasaje: “tratar los que descuerdan con nosotros – por mas grave que sea la discrepancia – como personas con las cuales podemos aprender y, en este sentido, como amigos...”. Ora, eso es algo capaz de sorprender quien aprendió a rezar por la cartilla del realismo de Carl Schmitt (en “El Concepto del Político”, escrito pocos años antes de la conferencia de Dewey, de la cual transcribimos algunos tramos mas arriba). Sí, la democracia para Dewey era, como él aún afirma, una especie de fe “democrática en la paz”, aquella fe “que confía en la posibilidad de dirimir las disputas, las controversias y los conflictos como iniciativas cooperativas las cuáles cada una de las partes aprende dando a la otra la posibilidad de expresarse, en lugar de considerarla como un enemigo a derrotar y suprimir por la fuerza...” (idem).
El juicio de Dewey, de que “cooperar, dejando que las diferencias puedan ganar libre expresión, es algo inherente al modo de vida democrático”, por eso es que “la democracia es la creencia de que inclusive cuando las necesidades, los fines o las consecuencias difieren de individuo a individuo, el hábito de la cooperación amistosa – hábito que no excluye en la rivalidad y la competencia, como en el deporte – es por sí una valiosa contribución a la vida” y establece una ruptura con las concepciones adversariales de democracia que contaminaron las prácticas totalitarias o autoritarias, sean originadas por la “derecha” o de la “izquierda”.
Sin embargo, lo que parece más relevante en ese discurso de Dewey es su visión anticipatoria de la red social. Cuando él dice que “todo modo de vida carente de democracia limita los contactos, los intercambios, las comunicaciones y las interacciones que estabilizan, amplían y enriquecen la experiencia... [y que] el propósito de la democracia es y será siempre la creación de una experiencia más libre y más humana, en la cual todos participemos y para la cual todos contribuyamos”, está previendo las relaciones entre la democracia (como modo de vida comunitario) y la dinámica de redes sociales distribuidas. Está diciendo que el poder (autocrático) actúa obstruyendo flujos o colocando obstáculos a la libre circulación, separando y excluyendo nodos de la red social. Y con eso, al mismo tiempo, está indicando lo que debemos hacer para librarlos de la dominación de ese tipo de poder.
Parece claro que tal concepción cooperativa de la democracia calza perfectamente con aquello de que, muchos años después, llamamos capital social (que no es más que cooperación ampliada socialmente), como veremos en el Epílogo de este libro.
Indicaciones de lectura

Es bueno releer el discurso de John Dewey (1939): “Democracia creativa: la tarea que tenemos por delante” (“Creative Democracy: the task before us” in The Essential Dewey: Vol. 1 – Pragmatism, Education, Democracy. Indianapolis: Indiana University Press, 1998).

Nota

(1) Fue en 1939 que Dewey escribió “Creative Democracy: the task before us”, para una conferencia, leída por Horace M. Kallen, en una cena celebrada en su homenaje, el 20 de octubre, día en que el filósofo cumplía ochenta años. Ese texto fue publicado, por primera vez, en “John Dewey and the Promise of America”, Progressive Education Booklet nº 14 (Columbus, Ohio: American Education Press, 1939). Aunque sea la última contribución de Dewey a la teoría de la democracia, continúa siendo ignorada en el debate actual sobre el tema de la radicalización de la democracia.